Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron el lunes 12 de mayo, ante representantes del Senado, sus observaciones a la iniciativa legal que se discute hace 4 años en el Parlamento.
ACCIÓN convocó a las instituciones que integran la Coalición de Organizaciones por la Participación Ciudadana a asistir conjuntamente a la sesión a la que fue invitado el presidente de nuestra Asociación, Miguel Santibáñez, y que organizó la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.
Flavia Liberona de Fundación Terram, Rolando Jiménez de Movilh, Paulina Acevedo del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Adolfo Castillo de Libertades Ciudadanas, Felipe Viveros y Alicia Sánchez de ACCIÓN formaron el grupo que representó a nuestra Asociación y a la Coalición en la sede del Senado en Santiago.
Miguel Santibáñez señaló que estas organizaciones han luchado por dotar a las ONGs de un marco jurídico y de un reconocimiento adecuado como atores legítimos del desarrollo y la democracia y criticó la insuficiencia de los mecanismos de participación: "La agenda Pro Participación no ha operado y se acerca a su fracaso. (...) Por ello no podemos dejar de señalar que lo primero que se advierte en el proyecto de Ley es una distancia importante entre la agenda de la sociedad civil sobre democracia y participación y lo modesto del proyecto de ley que estamos discutiendo".
A juicio de Santibáñez, la participación ciudadana se relaciona con un ambiente político, social y jurídico de libertades, de protección de derechos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Es fundamental, dijo, abrir la participación deliberativa de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas.
"En esos términos, y avanzando en una visión general de la participación ciudadana, entendemos que esta no puede reducirse a las fórmulas de un solo proyecto de ley. Lo que requerimos es un bloque legislativo, normativo e institucional que establezca suficientes canales que aseguren la participación en el contexto de un régimen democrático de calidad".
Luego Felipe Viveros dio a conocer las indicaciones jurídico constitucionales relativas al derecho de asociación, donde se solicita incluir un artículo que repare el vacío y la desigualdad que este proyecto ha generado, al reconocer organizaciones que materializan iniciativas “de interés público” definidas por la ley pero que, en el conjunto de las entidades sin fines de lucro reconocidas por la legislación nacional, por un formalismo inexplicable, no serían elegibles como donatarias de conformidad con leyes actualmente vigentes que establecen beneficios tributarios asociados, por ejemplo, a donaciones con fines culturales, educacionales, deportivas y sociales que hagan determinados contribuyentes del impuesto a la renta.
También enunció las propuestas en torno al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. La propuesta es que el Fondo creado por la ley no sea solo un organismo administrador de recursos asignados en el presupuesto de un Ministerio, sino un organismo rector de la política pública de fortalecimiento de la sociedad civil, en el que la autoridad gestiona dicha política con efectiva participación de la sociedad civil organizada.
Para dar efectiva capacidad institucional para el cumplimiento de sus objetivos, se propone que el Fondo se conciba como un organismo de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de modo que goce de autonomía funcional dentro de la Administración y no sea una mera sección dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Tambien participó, en representación del Observatorio Parlamentario, la directora de Ideas Patricia Cardemil, quien señaló la importancia que reviste que el Senado discuta sobre estos temas: "es deber de todos reforzar la vida democrática". Explicó, además, que de acuerdo a estudios generados por el Observatorio, se evidencia una baja de la participación ciudadana en las audiencias parlamentarias.
Paulina Acevedo, a su vez, se refirió a los derechos y participación de los pueblos indígenas y a la necesidad de que los medios de comunicación den una amplia cobertura al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Criticó que las organizaciones ciudadanas sean citadas con tan poco tiempo de anticipación a este tipo de encuentros y que los espacios de intervención sean limitados.
Participaron representantes de la Red Nacional de Voluntariado, de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Unión de Organizaciones Comunales, del Observatorio de Género, del Hogar de Cristo, de los Cescos, de oganizaciones de la región de Magallanes y del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento para la Sociedad Civil.
En el marco de la sesión, dirigentas del movimiento de deudores habitacionales también solicitaron expresar sus demandas en torno a una vivienda y vida digna.
La sesión fue encabezada por el senador Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.
